LAHSEN & CÍA. ABOGADOS colaboró activamente en la versión 2016 de la Guía de Negocios en Chile, elaborada por Business France.

 

 

LAHSEN & CÍA. ABOGADOS colaboró activamente en la versión 2016 de la Guía

de Negocios en Chile, elaborada por Business France.

 

 

LAHSEN & CÍA. ABOGADOS, participó en la actualización realizada en marzo de 2016 de la “Guide des Affaires”, confeccionada por Business France Chile.

 

Business France es una agencia del Estado Francés, con más de 80 oficinas alrededor del mundo, que tiene como objetivo el desarrollo de las empresas Francesas fuera de su país, así como el fomento de la inversión de empresas extranjeras en Francia.

 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, y como parte de su trabajo en Chile, Business France confecciona anualmente una guía de negocios que tiene por objeto mostrar el estado actual de la economía y los negocios en Chile, con el fin de informar y promover la llegada de empresas francesas al mercado chileno.

 

En este contexto, y como experto en asesoría legal en proyectos de construcción de infraestructura pública y privada, Eduardo Lahsen, socio fundador de LAHSEN & CÍA. ABOGADOS, fue entrevistado para la versión 2016 de la Guía.

 

En sus declaraciones comentó las áreas en que se desarrolla nuestro estudio, y al mismo tiempo dio a conocer el mercado de la infraestructura pública en Chile, profundizando en las barreras de entrada, en los riesgos asociados a la participación de empresas extranjeras, así como en las ventajas de una asesoría legal experimentada para superar dichos riesgos. Al respecto señaló:

 

“Naturalmente, los contratos de infraestructura exigen poner atención en distintos aspectos de relevancia jurídica, como lo son las relaciones laborales, los contratos con proveedores y subcontratistas, el compliance con la regulación ambiental, contar con seguros apropiados y mantener una relación de confianza y constante comunicación con los distintos actores que inciden en los proyectos de infraestructura, como las autoridades fiscalizadoras, las contrapartes técnicas y los organismos representantes de los usuarios.

 

Es por este motivo que hemos conformado un equipo de trabajo integrado por especialistas en cada una de las áreas mencionadas, para prestar una asesoría comprensiva, integral y completa”.

 

Para una revisión íntegra de la entrevista, es posible adquirir la Guía de Negocios en el presente link.

 

 

La nueva Dirección General de Concesiones de Obra Pública

 

 

La nueva Dirección General de Concesiones de Obra Pública (DGCOP)

 

Autor del texto: Felipe Valdivia Abogado Lahsen & Cía.

 

El pasado martes 16 de junio ingresó a la cámara de diputados el proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obra Pública (DGCOP). Dicho proyecto aportará una nueva y más robusta institucionalidad en el sector, reemplazando la actual Coordinación de Concesiones dependiente de la DGOP.
Entre lo más destacable de esta iniciativa se encuentra la obligación de la nueva Dirección de llevar una planificación permanente con un horizonte temporal de cinco años, lo que permitirá que los inversionistas y empresas constructoras cuenten con información clara y segura con la suficiente anticipación necesaria para preparar mejores propuestas técnicas, lo que en definitiva se traduce en un mayor estándar en la ejecución de los proyectos concesionados y en mejores condiciones para todos los actores del rubro.
Adicionalmente, la DGCOP contará con un director elegido conforme a los estándares de alta dirección pública, y contará con personal de planta dedicado exclusivamente al sistema de concesiones, diferenciándose así de las demás áreas de gestión del Ministerio de Obras Públicas, que seguirán a cargo de la DGOP. Con esto se busca fortalecer, entre otras cosas, la capacidad de rendir cuentas, transparentar el sector y promover un dialogo más fluido entre los sectores público y privado.
Lo esencial, con todo, es destacar la fuerte señal que se intenta transmitir, de seriedad y crecimiento del sistema de concesiones de obras públicas, que con cada año se vuelve más protagonista como forma de financiamiento de la gran infraestructura pública, oportunidad de inversiones atractivas y cuyo beneficio alcanza a todos los chilenos.

 

 

Perla – La Película

 

Nuestro estudio LAHSEN & CÍA Abogados, se complace en presentarles la nueva película del director del “Gringuito” don Sergio Castilla, la cual ha sido patrocinada por nuestro estudio que no sólo apoya sino también financia la cultura y las artes nacionales, la película trata la historia de una perra quiltra, que es abandonada en el cerro San Cristóbal de Santiago, pasando a recorrer la capital a través de singulares aventuras y encuentros.

A continuación adjuntamos el tráiler de la película puedan conocer la historia de esta curiosa protagonista.

 

 

Contratos de Construcción de Obra Privada

 

 

Contratos de Construcción de Obra Privada

 

Autor del artículo: Álvaro Arias Abogado Lahsen & Cía.

 

Sin duda el fenómeno de la globalización, ha generado una situación excepcional para la realización de inversión entre privados ya que, entre otras cosas, permitió reducir las barreras de distancia y tiempo entre las diversas empresas, las cuales han comenzado una búsqueda cada vez con mayor fuerza, de nuevas  latitudes para realización de sus proyectos. Por supuesto la industria de la Construcción no ha estado ajena a este fenómeno, y ha experimentado en general, que países en vías de desarrollo como el nuestro, se conviertan en destinos muy atractivos para inversionistas de todo el orbe. Lo que trae como consecuencia directa que, no solo en la Construcción de Obras Públicas tengamos cada vez un mayor número de participantes extranjeros, sino que a nivel de Infraestructura Privada también se generen vínculos entre Chile y el resto del mundo.

 

Producto de esta situación, nace la necesidad de contar con mecanismos jurídicos completos y suficientes, que recojan principios universalmente conocidos por todos los actores de la actividad de la construcción, de manera de reducir los costos de transacción entre ellos y de hablar un lenguaje común en el marco de un contrato de estas características. Sobre todo si pensamos que a nivel local las normas que a propósito del contrato de ejecución de obra material que contempla nuestro Código Civil son a todas luces insuficientes, cual además por su data resulta inaplicable para contratos de la envergadura que manejamos en la actualidad, siendo ineficaces al momento de evitar que se generen conflictos, o de solucionarlos en caso que se generen éstos de una manera rápida y efectiva.

En este contexto nace la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (F.I.D.I.C), cual teniendo presencia en 97 países, ha ido generando textos de gran interés e influencia en el sector, de forma de promover las buenas prácticas y generar criterios uniformes en el marco del negocio de la construcción. Para ello han participado, ingenieros, constructores, técnicos de otras áreas, y abogados, de gran prestigio en la industria,  quienes fruto de su experiencia y del constante intercambio de opiniones, han sido capaces de generar el modelo estándar de más usado hoy por hoy a nivel mundial. Estamos hablando de los Modelos de Contratación F.I.D.I.C. los cuales desde su primera edición en 1957, se han ido perfeccionando, de modo que desde el año 1.999 contamos con la llamada nueva generación de contratos F.I.D.I.C. compuestas por los Red Book, Yellow Book, Silver Book (E.P.C) y Green Book. Cada uno de ellos, destinados a satisfacer necesidades y requerimientos que tengan las partes en el marco de un contrato de estas características.

 

Una verdadera revolución copernicana han constituido estos modelos de contratación en el mundo de la construcción, incluso muchos países ya han implementado estos contratos como modelos de contratación pública a nivel interno, o se han basado en éstos para generar las bases de contratación de los mismos.

Lo anterior no podía ser de otra forma, puesto que los Modelos de Contratación FIDIC han encontrado soluciones a la medida respecto a una materia esencial de la contratación en general. Esto es, haber sido capaces de generar una distribución de Responsabilidad y de Riesgos equitativa, la cual parte de la premisa básica de que los Riesgos serán soportados por aquella de las partes que está en mejor posición, primero para preverlos, luego para evitarlos y en tercer lugar para mitigarlos una vez materializados.

 

De esta forma si el mandante está dispuesto a asumir parte de la responsabilidad en una obra, optará por los modelos de contratación Red Book o Yellow Book, los cuales a través de la figura del Ingeniero, le dan al inversionista mayor injerencia en las decisiones que se tomen en el marco de la ejecución del contrato. El ingeniero, empleado del Mandante, está dotado de la facultad de impartir órdenes directas al Contratista, quien deberá acatarlas, a cambio reducir el espectro de Responsabilidad a asumir en este tipo de contratos.

 

De lo contrario, si el inversionista quiere tener certeza en cuanto al precio final de la obra, sin tener influencia en las decisiones ni en los riesgos del contrato, optará por un contrato Silver Book, en el cual desaparece prácticamente la figura del ingeniero y se deja en absoluta libertad al Constructor para ejecutar de acuerdo a su experiencia el contrato señalado, quién además tendrá la obligación de entregar la obra lista para ser utilizada por el mandante.

 

Por último, es importante destacar una de las principales características de estos modelos de contratación, esto es el hecho que son un Self Regulatory Agreement, es decir, sus cláusulas se bastan a sí mismas. Dentro de éstas podemos encontrar tanto disposiciones generales del contrato, como definiciones específicas, las cuales serán muy útiles al momento de interpretación de los mismos, además de contener los documentos técnicos conforme a los cuales debe ejecutarse el proyecto. Por último, se regulan métodos de solución de conflicto bastante innovadores, como el Dispute Adjudication Boards, que permite dar soluciones rápidas, basadas en aspectos más técnicos que jurídicos de los problemas que con ocasión a estos contratos se generen.

 

Como vemos los contratos F.I.D.I.C constituyen documentos bastantes interesantes de utilizar, los cuales viene a dar soluciones prácticas a problemas cotidianos que se generaban con ocasión de celebración de contratos de ejecución de obra material, lo que explica por qué hoy en día a nivel mundial constituyen el principal medio de vinculación contractual entre Mandantes y Constructores.

EL NUEVO PANORAMA REGULATORIO

 

 

 

EL NUEVO PANORAMA REGULATORIO

 

Autor: Felipe Hermosilla Torres, Abogado Lahsen & Cía.

 

La reciente ley del lobby, las normas sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la preponderancia que se le ha dado a la temática ambiental, a través de su nueva institucionalidad, han marcado un nuevo panorama en nuestro país, ya no es suficiente mantener los viejos y asentados modelos de conducta.

Las obras públicas no están exentas y la tendencia es requerir un estándar de diligencia cada vez más intenso, inclusive la propia relación con la autoridad comienza a cambiar significativamente, eventos y prácticas culturales antiguas comienzan a quedar en el olvido, hay más distancia y más identificación con los roles que desempeñan los funcionarios públicos, en conjunto con el conocimiento y la práctica de los valores que resguarda la institución. Inclusive, las consecuencias del incumplimiento son más severas y las empresas se exponen a onerosas multas que comparten esta visión. Actualmente, las multas ambientales pueden alcanzar las 20.000 UTA, por lo que no es gratuita la infracción o la actividad industrial desinformada.

En el mismo tenor, una empresa que se vea expuesta a que sus miembros encuadren sus conductas en el delito de financiamiento del terrorismo, en lavado de activos o en el cohecho (quien ofrece o consiente en dar a un empleado público un beneficio económico en provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en las omisiones determinadas por el Código Penal.), arriesga su disolución o a la prohibición permanente de celebrar actos y contratos con los organismos del estado.

En síntesis, se exige un cambio de paradigma en materias corporativas e industrias reguladas, para que los viejos actores puedan continuar con sus actividades en este nuevo escenario legal.

 

 

Dictamen de Contraloría General sobre traslado de postaciones en contratos de obra pública

Dictamen de Contraloría General sobre traslado de postaciones en contratos de obra pública

 

Traslado de postaciones en contratos de obra pública

 

A continuación procedemos a incorporar un reciente e ilustrativo dictamen de CGR:

“solicita que se ordene a la Dirección de Vialidad el reembolso -en la parte no pagada- de los costos en que habría incurrido su representada para solucionar el traslado de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, ejecutado como valor pro forma en el marco del convenio “Mejoramiento Pasadas Urbanas Villarrica-Pucón, Etapa Variante Pucón, Sector Ruta 199-CH, Tramo Dm. 0.00,00-Dm. 2.448,97, Comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía”, adjudicado a dicha sociedad por medio de la resolución N° 272, de 2010, de la singularizada repartición pública. Requiere, además, que dicho pago se efectúe con reajustes e intereses.

Requerido su informe, la Dirección de Vialidad manifiesta, en síntesis, que el traslado de que se trata no era con cargo a valores pro forma, sino que debía llevarse a cabo según lo previsto en el artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, de la misma Cartera.

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el aludido artículo 41, que faculta a la Dirección de Vialidad para autorizar las instalaciones que singulariza en los caminos públicos, previene en su inciso final que en caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de éstas del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo.

A su vez, el artículo 4, N° 40), del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, prescribe que se entiende por valor pro forma rubros esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el necesario complemento de dichos trabajos, que no estén suficientemente definidas para permitir al contratista valorarlas, en términos que su realización aparezca indispensable para la completa conclusión y posterior utilización de la obra y que deben ser autorizados al menos por el inspector fiscal y el Director correspondiente. Estas partidas se señalan en el presupuesto oficial y el proponente debe reproducirlas en su propuesta a título meramente informativo, porque los montos reales no se conocen con anterioridad a la licitación, teniendo el contratista derecho a que el Ministerio le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecución, más el porcentaje que fijen las bases administrativas o sin ningún recargo si éstas nada dicen.

A su turno, el punto 2.14 de las bases administrativas que rigen la contratación de que se trata señala, en lo que importa, que para efectos del pago de los valores pro forma la Dirección reembolsará íntegramente los valores pagados por la empresa contratista, con el recargo, si corresponde, según se indique en el anexo complementario, sobre el valor neto que acredite haber solucionado.

Luego, establece que para cobrar los valores pro forma conjuntamente con un estado de pago, la empresa contratista presentará al inspector fiscal las facturas o boletas de honorarios u otros a nombre de la dirección contratante, que respalden los pagos efectuados por él a los terceros que hayan realizado los suministros, trabajos o servicios correspondientes, de lo contrario no se reembolsará su pago.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa -dictámenes N°s.14.916 y 27.376, ambos de 2010, 61.949, de 2011 y 47.660 de 2012, entre otros-, ha precisado que lo convenido posee el carácter de ley para los contratantes, y que las decisiones que adopten los órganos públicos como parte en los contratos que suscriben deben respetar los principios de buena fe, en virtud el cual las partes de un contrato deben tender a su correcto cumplimiento, ajustándose a un modelo de conducta tal que no cause daño a ninguna de ellas, y de enriquecimiento sin causa, que en general obliga a la Administración al pago de las obras que hayan sido ejecutadas, a fin de conservar el equilibrio económico de las prestaciones.

A continuación, es dable manifestar que de los antecedentes adjuntos al convenio individualizado se advierte, tanto del presupuesto oficial como del aceptado por el servicio, que las partes acordaron pagar como valor pro forma el costo que implicaría la modificación de la infraestructura de agua potable.

Asimismo, que con posterioridad y una vez iniciados tales trabajos, la Dirección de Vialidad decidió, en forma unilateral, aplicar lo dispuesto en el aludido artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 850, según consta en su oficio N° 53, de 2011 -dirigido por el inspector fiscal a Aguas Araucanía S.A.-, situación que originó el no pago que se reclama. También, que de la documentación examinada aparece que la reclamante pagó los trabajos de traslado de las instalaciones sanitarias a la firma que contrató para ese fin.

En este contexto, menester es consignar que habiendo sido convenido el traslado de servicios como valor pro forma, el contratista tiene derecho al reembolso del total de las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecución, por lo que procede que la Dirección de Vialidad lleve a efecto el pago correspondiente a los traslados pactados, lo que, en todo caso, deberá cumplirse sin reajustes ni intereses, ya que los instrumentos por los que se rigió el convenio no contemplan esta posibilidad.

Finalmente, cabe hacer presente que no corresponde que ese servicio condicione el pago de que se trata a lo que por su parte acordó con el Consejo de Defensa del Estado, acerca de la existencia de los elementos probatorios necesarios para entablar la acción de reembolso en contra de la empresa dueña de las instalaciones sanitarias, pues esa es una materia ajena al contrato de la especie.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República”

Las sanciones al contratista en los contratos de obras públicas

 

 

Las sanciones al contratista en los contratos de obras públicas

 

                  Es sabido por aquellas empresas dedicadas al rubro de la construcción y en especial por las que habitualmente realizan contratos de obra pública, que las potestades de la administración son exorbitantes y la naturaleza de la relación tiene en sí misma ciertas asimetrías y desequilibrios, lo cual genera cierta indefensión respecto de la aplicación de multas que imponga el Inspector Fiscal en el ejerció de su función y en perjuicio del patrimonio privado que legítimamente ejecuta las obras entendiendo el interés público involucrado pero a su vez motivado por los beneficios de realizar una actividad económica legitima.

 

                   De tal forma, durante la ejecución de la obra y en virtud del contrato celebrado muchas veces el IF es capaz de imponer sanciones pecuniarias en caso de contravención a sus instrucciones o al incumplir con cierta normativa aplicable a la materia. Situación que exige necesariamente que las empresas tengan una relación fluida y armoniosa con la administración del Estado, ya que la aplicación de ciertas sanciones muchas veces estará dada por consideraciones y percepciones específicas que se tengan a la vista a la hora de sancionar al contratista, las cuales muchas veces están sesgadas por la poca comunicación existente entre las partes. Sumado al problema anterior también vemos que muchas veces existe desconocimiento de los residentes e ingenieros en obras, que no tienen un dominio apropiado de la legislación, lo que incrementa la asimetría en el contrato y lo que además se agrava por los plazos involucrados que muchas veces impiden defenderse si no se actúa en la oportunidad apropiada.

 

                  Problemas que pueden solucionarse fácilmente a través de una asesoría especializada que entienda la legislación y las temáticas de infraestructura y obras públicas, lo cual mejora sustancialmente la comunicación con el Mandante, otorga además  tanto conocimientos como  servicios necesarios para actuar de manera oportuna en las instancias administrativas y judiciales que correspondan y finalmente mejora la relación entre los actores involucrados en el proceso, lo cual no sólo  capacita a los ingenieros y constructores civiles, permitiéndoles enfrentarse de mejor manera a la administración sino que también producto de la asesoría y el trabajo constante se mejora la relación con los abogados que podrán defender las pretensiones del contratista de mejor forma. Respetando el interés público pero sin dejar que se vulnere su patrimonio unilateralmente.

Autor de la nota: Felipe Hermosilla Torres, Abogado Lahsen & Cía.

El reciente panorama de la Infraestructura Deportiva en Obras Públicas

 

 

El reciente panorama de la Infraestructura Deportiva en Obras Públicas

 

Autor del texto: Felipe Valdivia Abogado Lahsen & Cía.

 

 

El pasado lunes 15 de diciembre fue anunciada la firma del convenio de trabajo entre las máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional del Deporte, con el objeto de sentar las bases de colaboración intersectorial en siete proyectos de infraestructura deportiva. En concreto, el convenio se refiere a obras de reposición y mejoramiento de estadios en Ovalle, San Felipe y La Calera y a la construcción de nuevos estadios en Los Ángeles, San Antonio, Iquique y Curicó. Los detalles del anuncio se pueden encontrar aquí.

Más allá del eslogan, la importancia del convenio es la especialización de los servicios que participarán de las distintas etapas del proyecto, con el IND enfocándose en el desarrollo y diseño de los mismos y el MOP encargándose, a través de su Dirección de Arquitectura, de la licitación y ejecución de las obras. Además, el convenio abre la puerta a un marco presupuestario conjunto más robusto, necesario para obras de esta envergadura.

Con todo, los alcances e implicancias del convenio ameritan un análisis cuidadoso y detallado, dada la experiencia recogida de los proyectos de infraestructura asociados a la Copa América y el mundial femenino Sub 17, la que no estuvo carente de dificultades, algunas de las cuales alcanzaron incluso pública notoriedad. Hemos jugado un rol importante en representar los derechos e intereses de oferentes, contratistas y terceros que participaron directamente de las distintas etapas asociadas a los proyectos de infraestructura deportiva y estamos conscientes de los riesgos y externalidades que les son inherentes. Nuestro trabajo es preparar a nuestros clientes para conocerlos, reducirlos y contenerlos.

Nuestro estudio ha asumido el especial compromiso de realizar un especial seguimiento del trabajo que se enmarca en el presente convenio MOP-IND, dada la vocación de nuestros abogados por reducir la brecha entre el funcionamiento de la administración pública y el espíritu de emprendimiento que caracteriza a las empresas que forman parte del mercado de la construcción e infraestructura tanto pública como privada. Seguiremos de cerca cada uno de los siete procesos de licitación relativo a cada estadio, pues nuestra práctica profesional nos ha enseñado la importancia del Derecho en las licitaciones de estos proyectos y en el rol clave que juegan los particulares en su defensa.

Un primer e importante desafío es la gestión eficaz de proyectos multisectoriales en que participan distintos organismos públicos. Se suman al IND y el MOP la municipalidad respectiva y el rol fiscalizador de la Contraloría, además de los privados que aportan como inversionistas o terceros colaboradores, todos los cuales operan muchas veces con ritmos y criterios independientes. Prepararse para aquel escenario implica dedicar recursos especiales en la coordinación de los distintos representantes de cada organismo, documentar adecuadamente los acuerdos y realizar el debido seguimiento de las inquietudes de cada participante del proyecto, para en definitiva lograr el nivel de colaboración necesario para ejecutar exitosamente el contrato adjudicado.

A lo anterior se suma el desafío de ejecutar un proyecto que es diseñado y planificado por un organismo y luego ejecutado bajo la supervisión de otro. Si bien en muchos aspectos la experiencia pasada ha permitido aunar criterios, el riesgo de entramparse en indefiniciones de proyecto es inherente a los contratos de obra pública, riesgo que se encuentra agravado en los casos en que la Inspección Fiscal responde a un organismo distinto de aquel que planifico la obra. Dedicar especial cuidado, tanto técnico como jurídico, al estudio del proyecto permite anticiparse a dichas indefiniciones y juega un rol clave a la hora de estudiar la viabilidad y los términos de una eventual propuesta.

A lo anterior se suma una particularidad que será de vital importancia para los contratos de Ovalle, San Felipe y La Calera. En efecto, podemos anticipar en estos casos que los contratos se ejecutarán bajo la modalidad de pago contra recepción, lo que abre la puerta a un mayor número de riesgos asociados a indefiniciones, insuficiencias y situaciones imprevistas en la realidad de la obra, por las características propias de una oferta a suma alzada.

Asimismo, los riegos dicen relación con el detalle del estado actual de las obras e infraestructura que sirven de base para la ejecución del contrato adjudicado. En muchos casos el estudio de los antecedentes técnicos, tanto en materia de mecánica de suelos como respecto de las condiciones actuales de la estructura preexistente –por nombrar solo dos ejemplos- es más bien superficial, referencial o ilustrativo, de modo que resulta trascendental incorporar al estudio de viabilidad los riesgos asociados a dichas circunstancias y estar especialmente atento al impacto financiero y técnico que pudiese tener subsanar dichas circunstancias durante el desarrollo del contrato.

Nuestra impresión es que a pesar de los riesgos, algunos de los cuales hemos enunciado en esta nota, el convenio de trabajo MOP-IND ofrece una oportunidad única al sector privado para ejecutar proyectos de infraestructura deportiva, ambiciosos y de trascendencia nacional. Lo anterior, con el beneficio de contar con el aprendizaje pretérito de los proyectos ejecutados en el contexto de la preparación de las sedes de la Copa América, y por tanto con condiciones más transparentes respecto de las obligaciones asociadas a la adjudicación de la licitación pública. Así como también existirá más claridad respecto de las atribuciones y competencias de los distintos órganos públicos que participan, y de los derechos de los contratistas auxiliares en la prosecución del interés público.

Esperamos que esta reflexión sea útil y deje presente la importancia de contar con asesoría jurídica de especialidad, lo que permite la adecuada representación de nuestros clientes en todas las etapas de cada contrato que se encuentra en el marco del convenio, desde la etapa de licitación hasta la adjudicación, ejecución y liquidación de su contrato administrativo o de obras públicas, según sea el organismo mandante que encomienda los trabajos.

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