Dictamen de Contraloría General sobre traslado de postaciones en contratos de obra pública

Dictamen de Contraloría General sobre traslado de postaciones en contratos de obra pública

 

Traslado de postaciones en contratos de obra pública

 

A continuación procedemos a incorporar un reciente e ilustrativo dictamen de CGR:

“solicita que se ordene a la Dirección de Vialidad el reembolso -en la parte no pagada- de los costos en que habría incurrido su representada para solucionar el traslado de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, ejecutado como valor pro forma en el marco del convenio “Mejoramiento Pasadas Urbanas Villarrica-Pucón, Etapa Variante Pucón, Sector Ruta 199-CH, Tramo Dm. 0.00,00-Dm. 2.448,97, Comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía”, adjudicado a dicha sociedad por medio de la resolución N° 272, de 2010, de la singularizada repartición pública. Requiere, además, que dicho pago se efectúe con reajustes e intereses.

Requerido su informe, la Dirección de Vialidad manifiesta, en síntesis, que el traslado de que se trata no era con cargo a valores pro forma, sino que debía llevarse a cabo según lo previsto en el artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, de la misma Cartera.

Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el aludido artículo 41, que faculta a la Dirección de Vialidad para autorizar las instalaciones que singulariza en los caminos públicos, previene en su inciso final que en caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de éstas del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo.

A su vez, el artículo 4, N° 40), del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, prescribe que se entiende por valor pro forma rubros esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el necesario complemento de dichos trabajos, que no estén suficientemente definidas para permitir al contratista valorarlas, en términos que su realización aparezca indispensable para la completa conclusión y posterior utilización de la obra y que deben ser autorizados al menos por el inspector fiscal y el Director correspondiente. Estas partidas se señalan en el presupuesto oficial y el proponente debe reproducirlas en su propuesta a título meramente informativo, porque los montos reales no se conocen con anterioridad a la licitación, teniendo el contratista derecho a que el Ministerio le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecución, más el porcentaje que fijen las bases administrativas o sin ningún recargo si éstas nada dicen.

A su turno, el punto 2.14 de las bases administrativas que rigen la contratación de que se trata señala, en lo que importa, que para efectos del pago de los valores pro forma la Dirección reembolsará íntegramente los valores pagados por la empresa contratista, con el recargo, si corresponde, según se indique en el anexo complementario, sobre el valor neto que acredite haber solucionado.

Luego, establece que para cobrar los valores pro forma conjuntamente con un estado de pago, la empresa contratista presentará al inspector fiscal las facturas o boletas de honorarios u otros a nombre de la dirección contratante, que respalden los pagos efectuados por él a los terceros que hayan realizado los suministros, trabajos o servicios correspondientes, de lo contrario no se reembolsará su pago.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa -dictámenes N°s.14.916 y 27.376, ambos de 2010, 61.949, de 2011 y 47.660 de 2012, entre otros-, ha precisado que lo convenido posee el carácter de ley para los contratantes, y que las decisiones que adopten los órganos públicos como parte en los contratos que suscriben deben respetar los principios de buena fe, en virtud el cual las partes de un contrato deben tender a su correcto cumplimiento, ajustándose a un modelo de conducta tal que no cause daño a ninguna de ellas, y de enriquecimiento sin causa, que en general obliga a la Administración al pago de las obras que hayan sido ejecutadas, a fin de conservar el equilibrio económico de las prestaciones.

A continuación, es dable manifestar que de los antecedentes adjuntos al convenio individualizado se advierte, tanto del presupuesto oficial como del aceptado por el servicio, que las partes acordaron pagar como valor pro forma el costo que implicaría la modificación de la infraestructura de agua potable.

Asimismo, que con posterioridad y una vez iniciados tales trabajos, la Dirección de Vialidad decidió, en forma unilateral, aplicar lo dispuesto en el aludido artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 850, según consta en su oficio N° 53, de 2011 -dirigido por el inspector fiscal a Aguas Araucanía S.A.-, situación que originó el no pago que se reclama. También, que de la documentación examinada aparece que la reclamante pagó los trabajos de traslado de las instalaciones sanitarias a la firma que contrató para ese fin.

En este contexto, menester es consignar que habiendo sido convenido el traslado de servicios como valor pro forma, el contratista tiene derecho al reembolso del total de las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecución, por lo que procede que la Dirección de Vialidad lleve a efecto el pago correspondiente a los traslados pactados, lo que, en todo caso, deberá cumplirse sin reajustes ni intereses, ya que los instrumentos por los que se rigió el convenio no contemplan esta posibilidad.

Finalmente, cabe hacer presente que no corresponde que ese servicio condicione el pago de que se trata a lo que por su parte acordó con el Consejo de Defensa del Estado, acerca de la existencia de los elementos probatorios necesarios para entablar la acción de reembolso en contra de la empresa dueña de las instalaciones sanitarias, pues esa es una materia ajena al contrato de la especie.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República”

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