Las sanciones al contratista en los contratos de obras públicas

 

 

Las sanciones al contratista en los contratos de obras públicas

 

                  Es sabido por aquellas empresas dedicadas al rubro de la construcción y en especial por las que habitualmente realizan contratos de obra pública, que las potestades de la administración son exorbitantes y la naturaleza de la relación tiene en sí misma ciertas asimetrías y desequilibrios, lo cual genera cierta indefensión respecto de la aplicación de multas que imponga el Inspector Fiscal en el ejerció de su función y en perjuicio del patrimonio privado que legítimamente ejecuta las obras entendiendo el interés público involucrado pero a su vez motivado por los beneficios de realizar una actividad económica legitima.

 

                   De tal forma, durante la ejecución de la obra y en virtud del contrato celebrado muchas veces el IF es capaz de imponer sanciones pecuniarias en caso de contravención a sus instrucciones o al incumplir con cierta normativa aplicable a la materia. Situación que exige necesariamente que las empresas tengan una relación fluida y armoniosa con la administración del Estado, ya que la aplicación de ciertas sanciones muchas veces estará dada por consideraciones y percepciones específicas que se tengan a la vista a la hora de sancionar al contratista, las cuales muchas veces están sesgadas por la poca comunicación existente entre las partes. Sumado al problema anterior también vemos que muchas veces existe desconocimiento de los residentes e ingenieros en obras, que no tienen un dominio apropiado de la legislación, lo que incrementa la asimetría en el contrato y lo que además se agrava por los plazos involucrados que muchas veces impiden defenderse si no se actúa en la oportunidad apropiada.

 

                  Problemas que pueden solucionarse fácilmente a través de una asesoría especializada que entienda la legislación y las temáticas de infraestructura y obras públicas, lo cual mejora sustancialmente la comunicación con el Mandante, otorga además  tanto conocimientos como  servicios necesarios para actuar de manera oportuna en las instancias administrativas y judiciales que correspondan y finalmente mejora la relación entre los actores involucrados en el proceso, lo cual no sólo  capacita a los ingenieros y constructores civiles, permitiéndoles enfrentarse de mejor manera a la administración sino que también producto de la asesoría y el trabajo constante se mejora la relación con los abogados que podrán defender las pretensiones del contratista de mejor forma. Respetando el interés público pero sin dejar que se vulnere su patrimonio unilateralmente.

Autor de la nota: Felipe Hermosilla Torres, Abogado Lahsen & Cía.

Share on LinkedIn